lunes, 19 de abril de 2021

LA TRANSPARENCIA DE LOS GOBERNANTES

Realizado por: José Alonso Serrano Campos

Fecha de publicación: 25 de abril de 2012

Actualización 2021: Hace pocos días presenté un proceso de titulación en CUNORTE sobre la Unidad de Transparencia Municipal y los elementos que se requieren para consolidar esa área del Gobierno, aquí mis ideas sustentadas ante la inminente necesidad de continuar mejorando.

Resumen

Los Gobiernos tienen una difícil tarea en el cambio de conciencia para establecer los mecanismos que garanticen la Transparencia en su función.

Resulta importante destacar la tarea que los legisladores han emprendido para que los Gobiernos entreguen información de sus actividades a toda la ciudadanía al momento de presentar una solicitud de datos.

Se prevé una serie de mecanismos para recibir la información sin solicitarla, mediante las páginas web oficiales de los Sujetos Obligados, vemos en resultados de investigación una serie de números bajos para que el tema sea solventado en buenos términos.


Introducción

Durante la más reciente década a nivel mundial se han creado leyes y organismos que atañen al tema de la transparencia gubernamental y por adhesión nuestro país ha adquirido modelos de rendición de cuentas de los gobernantes a la ciudadanía que serán analizados en su contexto.

Resulta digno de análisis ver cómo en el paso del tiempo y posterior a la conformación del Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) a nivel nacional, le inyectaron vitalidad a partir de más responsabilidades como la de proteger los datos personales de los individuos.

Se observa con cierta tristeza previsora que muchos Estados y la Federación asumen el compromiso de generar páginas web, Organismos Autónomos de Transparencia, leyes y decretos que en la mayoría de los casos a modo de sus intereses particulares intentan proteger la información a su modo.

El concepto de “Rendición de Cuentas”, según Schedler (2004,17) se entiende como el derecho de los ciudadanos de tener a su alcance la información pública, proporcionada por la autoridad, en relación a su tarea administrativa sin que haya necesidad de pedirla, pues la autoridad haciendo uso de sus facultades, es su obligación facilitarla a sus gobernados.

Los resultados han ido sumando cuentas positivas en distintos Estados pero para la población ha sido poco significativo el esfuerzo, al considerar que aún no son resueltos los problemas de fondo, según encuestas aplicadas por el mismo Instituto.


Desarrollo

En Jalisco, Estado pionero en esta materia, se creó el Instituto de Transparencia con una ley que permitía a los ciudadanos anónimos obtener la información solicitada en 10 días, mientras tanto en Zacatecas a través de la ley hecha en tiempos del imperio perredista de Amalia García, el Consejo Estatal de Acceso a la Información Pública recibía solicitudes con copia de credencial de elector para darles trámite en un lapso de hasta 2 meses.

Con estos criterios, el desistimiento de la ciudadanía fue notorio, cada vez menos personas solicitaban información, aunado a que los portales web de internet incluían por ley obligatoria información de oficio, así muchas solicitudes básicas como el salario de los funcionarios y el gasto corriente quedaban a simple vista.

Durante las primeras muestras de trabajo en las páginas web, el Instituto determinó necesario unificar el diseño de las páginas web, (ITEI, 2004) en concordancia con lo que a nivel nacional estipuló el Instituto Federal de Transparencia (IFAI, 2003), por lo que tuvieron que ajustarse las oficinas de los Sujetos Obligados a esta nueva disposición, entorpeciendo los avances y generando un doble trabajo para quienes más avanzadas tenían sus páginas.

La situación en el Estado de Zacatecas se dio posteriormente, con la experiencia de los Estados que tenían prácticamente un año de haber experimentado con la ley y de que cada congreso fue quitando y poniendo artículos para ajustarse a sus intereses o a los del partido en el Gobierno en turno.

De los 58 municipios, en los primeros seis meses del año se recibieron en promedio una sola solicitud de información (CEAIP, 2005: 34), la cómoda cantidad de 58 solicitudes, concentrando la capital y Fresnillo la mayor cantidad, mientras que todavía 15 municipios no contaban con una oficina de Enlace para recibir solicitudes de información, mucho menos una página web.

A raíz de esto la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública también recibió únicamente 3 inconformidades, llamadas Recursos de Revisión ante solicitudes que no fueron contestadas en tiempo, forma o gusto de los solicitantes.

El tiempo de trámite de solicitudes de información se ha visto considerablemente recortado a tan solo 10 días y 5 más de prórroga en el Estado de Zacatecas, el CEAIP (2009) se ha esforzado por comprometer a los sujetos obligados a atender sus portales web con información obligatoria pero la participación ciudadana no va en aumento, la tendencia sigue a la baja a pesar de los esfuerzos en difundir los beneficios de la ley en la materia.

En efecto, la nueva Ley de Transparencia significó un retroceso para el Estado, en la sexta evaluación, Zacatecas alcanzó una calificación de 53%, es decir que entre todos los sujetos obligados en el Estado no se alcanzó por lo menos una cifra aprobatoria, en este mismo sentido seguimos muy por debajo de la media Nacional (IFAI, 2010:12).

En la séptima y más reciente evaluación que realizó el Laboratorio de Estadísticas y Matemáticas de la UAZ, considerando los nuevos criterios de la ley reformada en el 2011, el Estado obtuvo el 39%, con una nueva ley el resultado fue 14 puntos por debajo de la anterior.

Para el Gobierno esto significó un gran avance en el tema de Transparencia, pues al carecer de toda infraestructura, habían logrado establecer por lo menos ciertos mecanismos que le daban “facilidades” a la ciudadanía para conocer sobre las actividades de sus autoridades.

En contraparte, para la ciudadanía y los que estudian el caso, los avances fueron mínimos a lo esperado, los bajos porcentajes de accesibilidad, los problemas para clasificar la información que podía ser publicada o dada a conocer mediante las solicitudes y otros elementos, no fueron claramente especificados en la ley y eso generó que los Gobiernos aplicaran “a modo” muchas disposiciones.


Conclusión

Con base en la estadística de resultados (IFAI et. al. 2014;07), se puede observar la necesidad de que los gobiernos se comprometan en serio con la Transparencia y actúen con verdadero compromiso social para combatir la corrupción, ser mejores administradores y por consiguiente entregar mejores resultados.

Tanto la ciudadanía como toda aquella institución que trabaja con recursos públicos deben asumir su compromiso por la transparencia y la rendición de cuentas, para hacer de la función pública un instrumento de verdadero servicio social y no un beneficio personal de funcionarios y políticos escudados en la opacidad de la rendición de cuentas.

De acuerdo al escritor Aldo Ferrer (2011) la tecnología de la información permite agilizar los procesos de transparencia con la utilización de páginas web que ponen a un clic de distancia los datos de las acciones que la autoridad está ejecutando, por lo cual se infiere no solo cómodo, sino también oportuno y sin ocupar grandes espacios. 

El poder de la comunicación genera también transformaciones en la política, para Castells (España, 2013) la comunicación es el ejercicio de compartir significado mediante el intercambio de información. Entonces la generación de información accesible para los ciudadanos también genera una conciencia social diferente a los que su gobierno les oculta la información.

La ciudadanía también tiene la última palabra en este tema, mientras no exista esa necesidad por conocer la forma en que somos representados en el Gobierno y que las acciones estén plenamente consensadas y visibles, las autoridades tendrán carta abierta para hacer y deshacer… una menuda tarea compartida que se debe atender.


Fuentes consultadas

Baran, Stanley e Hidalgo, Jorge. (2004), Comunicación Masiva en Hispanoamérica, México. Mc. Graw Hill.

Barquero, José Daniel (2000), Manual de relaciones públicas empresariales, EDICIONES GESTIÓN.

Bobbio, Norberto (2013), El futuro de la democracia, FCE., Buenos Aires, p. 9.

Bodin, Jean, (1997), Los seis libros de la República. Madrid: Tecnos.

Carrillo, Manuel, et.al, (2003), Dinero y contienda político-electoral, México: Fondo de Cultura Económica.

González, Héctor, (1970), Estados soberano y derecho ¿Antinomia o armonía? En Revista Jurídica, Número 2, Volumen 2. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, pp. 153-200.

Jellinek, Georg, (2012), Teoría general del Estado. España: Fondo de Cultura Económica de España.

Maquiavelo, Nicolás (1997), El Príncipe. México: Gernika

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