Siglo XVIII (1700)
Por: José Rojas Galván
Durante le época de la Colonia, los capitanes protectores del gobierno de Colotlán, tenían entre sus principales obligaciones la de velar por los habitantes de la frontera, incluidos españoles e indios; sin embargo, no siempre cumplieron al pie de la letra, ya que una vez que la frontera se encontró prácticamente pacificada, a principios del siglo XVII, comenzaron a incurrir en irregularidades y abusos contra la población india. Tal fue el caso del capitán Jerónimo Ramiro, quien en el año de 1616 fue acusado por los indios de las fronteras de Colotlán, ante el visitador Juan Dávalos Toledo, de haber cometido una serie de abusos en su contra pues vendió a dos indios chichimecas pacificados, uno llamado Alonso, casado natural del pueblo de Axcaltlán San Lorenzo, y el otro Diego, soltero natural del pueblo de Santiago.
De igual forma, se le acusó de incurrir en el repartimiento de mercancías, situación que, en opinión de los indios afectaba la paz de la región, pues por andar vendiendo ropa y otras cosas en este pueblo y en la sierra de Tepeque y otras partes [que va a comprarla a Zacatecas... [en su] recua... a descuidado su jurisdicción [en consecuencia) los indios chichimecos de este pueblo se han ido a la sierra..."
El repartimiento de mercancías fue un instrumento que descubrieron y utilizaron para enriquecerse los alcaldes mayores y otros funcionarios de la Nueva España, a partir de las últimas décadas del siglo XVI. Mediante este sistema repartían a los indígenas de sus jurisdicciones diversas mercancías a cambio de un pago futuro. El repartidor era quien establecía los precios de lo repartido y lo cobrado, la ganancia de ahí provenía.
Asimismo, los indios de Colotlán denunciaron la invasión de sus tierras por parte del español Gabriel Trejo, quien se había asentado en el terreno conocido como El Ojo Caliente a dos leguas de Colotlán, sin tener título.
El visitador Dávalos, en respuesta a tales denuncias comunicó al capitán protector, que, en lo tocante al repartimiento de mercancías, dicha actividad defraudaba la alcabala real de que no está exceptuados soldados ni capitanes ni es oficio que le usen... asimismo que de aquí en adelante teniendo semejante cargo en los casos de que pudiere conocer no condene a estos ni a otros indios a servicio personal, contra lo mandado por su majestad.... de lo contrario... será castigado gravemente como quien usa de jurisdicción que no es suya.
Si bien el repartimiento de mercancías a través del tiempo fue cayendo en desuso, los capitanes protectores, aunados a otros españoles, continuaron por mucho tiempo buscando la oportunidad para apropiarse como fuera de la mano de obra indígena, así como de sus tierras, máxime si estas últimas eran aptas para la agricultura o contenían yacimientos minerales. Tal situación no dejó de crear conflictos que en varias ocasiones ocasionaron que los indios se sublevaran.
Las rebeliones de indios que se presentaron en la Nueva España, a lo largo del período colonial, son muestra palpable de la inconformidad de los indígenas, de su devenir histórico plagado de resentimientos y movilizaciones, de un constante proceso de explotación" y despojo de sus tierras.
En lo que respecta a las rebeliones indígenas que se suscitaron en la Nueva Galicia, la mayoría tuvieron el carácter de sublevaciones contra autoridades o contra medidas de gobierno, sin embargo, hubo una que tuvo el rasgo de insurrección contra la dominación española: la rebelión del Mixtón. Los factores principales que permitieron estructurar y aglutinar a grupos indios tan disímbolos en dicha rebelión fueron: la severidad del colonialismo y la imposición de una concepción del tiempo, del pasado, y del mundo, muy diferente de la que tenían.
La historia de todo régimen dominante y la historia de la conspiración son dos historias paralelas que se remiten de manera mutua. Donde se encuentra el poder secreto, se localiza, casi como su producto natural, el contrapoder, igualmente secreto, en forma de conjuraciones, complots, o bien de sediciones, revueltas o rebeliones, preparadas en lugares impracticables o inaccesibles.
En este trabajo he decidido utilizar como similares los diversos términos de rebelión, sublevación, levantamiento y alzamiento, por lo que, avalando la idea de Silvia Soriano, rebelión es "toda reacción directa, inmediata y espontánea a una vejación precisa. En consecuencia, he considerado descartar el concepto de insurrección por considerar que es un movimiento encaminado a trastocar el orden establecido, es decir, que sus objetivos son mucho más profundos.
El propósito de este trabajo es mostrar cómo, a partir del despegue del auge minero de Bolaños en la séptima década del siglo XVIII, la interrelación social de los grupos de poder 'y contra poder' del gobierno de Colotlán, cayó en crisis por la disputa de las tierras cultivables de los indígenas. Los indios norteños, ante la posible pérdida de sus tierras, buscaron la manera de hacer valer sus privilegios de fronterizos, como su principal arma de defensa en contra de la codicia de los españoles.
La Corona, en la mayoría de los litigios, dio su apoyo a los indios como una manera de evitar que se sublevasen y pusieran en riesgo la estabilidad de la frontera y, por tanto, la producción de plata en Bolaños. Sin embargo, cuando decayó la producción argentífera, a partir de 1790, el gobierno de los borbones decidió hacer una serie de reformas para hacer de nueva cuenta productivo el territorio de Colotlán. Una de tales innovaciones fue el repartimiento de tierras a españoles, objetivo que, como se verá, se logró sólo en algunos pueblos fronterizos.
En el año de 1735, un grupo de indios del pueblo de Huejúcar, ante la posibilidad de perder sus tierras comunales que tenían arrendadas al español Pedro de Nava, acudieron a la ciudad de Zacatecas, ante el Teniente de Corregidor Lucas Alonso y Valle, para solicitarle la reproducción y certificación de sus títulos de propiedad territorial que, por razones de uso y del paso del tiempo, se encontraban en mal estado, pues databan del siglo XVI.
El hecho de que los indígenas de Huejúcar conservaran sus antiguos escritos y que, además, buscaran la reproducción de los mismos, no sólo comprobaba que eran los legítimos dueños, sino que, además, significaba la conservación de la memoria histórica de su pueblo.
La práctica de los indios fronterizos de arrendar sus tierras comunales a españoles, se daba con la intención de obtener algunos ingresos para el funcionamiento de los cabildos indianos, que se encontraban en un marco permanente de carencia de recursos.
Las diligencias sobre el litigio se llevaron a cabo en buenos términos en favor de los indios, ya que, por medio de los documentos, se comprobó que los verdaderos propietarios de las tierras en cuestión eran precisamente los indios de Huejúcar.
Además, el virrey Juan Antonio Vizarrón y Eguiarreta, arzobispo de México, ratificó la fidelidad de los indios a la Corona, así como sus privilegios de militares y fronterizos, ya que habían observado con puntualidad la disciplina militar y obediencia a su jefe, en toda ocasión que se había requerido. Especialmente en la sublevación de más de veinte pueblos fronterizos en el año de 1705, donde los indios de Huejúcar acudieron con sus armas y caballos a someter a los sublevados.
El levantamiento al que hacía referencia el virrey obispo, había tenido graves repercusiones en la zona fronteriza, pues a raíz de la poca respuesta a los litigios que sobre tierras tenían varios pueblos de indios con españoles, acaeció no sólo la quema de viviendas de los blancos y el robo de sus pertenencias, l' sino también la muerte del capitán protector Silva, en manos de los indios de Nóstic, en 1705. En consecuencia, la respuesta por parte de los peninsulares y de los indios aliados de Huejúcar, como lo señalaba el virrey, fue terrible para los rebeldes.
Las alianzas que se dieron entre españoles e indios fronterizos traían beneficios para ambas partes. Así lo demostró el virrey Marqués de Casafuerte, cuando ratificó a los indios de San Juan Bautista de Mezquitic sus privilegios militares, por su ayuda en la empresa punitiva que se realizó en la provincia de Nayarit en el año de 1724.
Los españoles y sus indios aliados del territorio de Colotlán en ocasiones respondían al llamado de la Corona para someter a cualquier grupo de indios sublevados, no sólo en la región fronteriza, sino aún más allá, donde había importantes intereses mine-ros. Así se confirmó con la rebelión que se suscitó en Guanajuato, el 1° de julio de 1767, la cual, se ha atribuido al descontento de la población por la expulsión de los jesuitas.
El entonces Visitador, José de Gálvez, previendo las posibles consecuencias de dicha rebelión, se dio a la tarea de proteger como fuera las minas de la región. Para esto, envió un comunicado al Corregidor de Bolaños, en julio de 1767, en el que le ordenaba que reclutara el mayor número de gente armada posible, a efecto de dar un digno castigo a los sublevados y habiéndolo puesto en excusión alisto y se alistaron voluntariamente más de seiscientos hombres compuestos de Indios flecheros, españoles y Gente de Rason...quines estando ya prontos a emprehender su marcha a expensas suyas repitió segunda carta... [el Visitador]...ordenando que no se moviesen de sus recidencias respecto a tener ya paciguada la provincia...
La buena respuesta que dieron los habitantes de Bolaños y del resto de las fronteras al llamado de Gálvez, sin duda se debió al interés de los mineros por exterminar con cualquier intento de insubordinación que se presentara en las regiones mineras de cualquier parte del virreinato, puesto que, de llegar a extenderse, podría afectar los intereses que tenían en dicho real tanto la Corona como la élite de las fronteras.
Los pactos de alianza que se dieron entre los indios y su capitán protector, llegaron a romperse por el incumplimiento de alguna de las partes, siendo por lo regular el capitán protector el primero en incumplir lo pactado. Tal como sucedió en el año de 1754, cuando un grupo de indios de Huejúcar pugnaron porque las elecciones de sus autoridades se realizarán en su pueblo y no en la cabecera, esto es, en Colotlán. El capitán protector, Juan Antonio Romualdo Fernández de Córdoba, no estuvo de acuerdo con el hecho, debido a que era él quien decidía qué personas del pueblo tomarían los cargos de gobernador, y demás oficiales de República, y no los indios.
La rencilla electoral tenía su origen en el incumplimiento de la promesa que había hecho de Fernández de Córdoba, de ayudarlos a recuperar ciertas tierras que tenían en litigio y, con ese pretexto, los obligaba a trabajar para él sin darles compensación alguna.
Ante la negativa de los pobladores de Huejúcar de acudir a Colotlán a realizar sus elecciones, el capitán protector convocó la gente de tres pueblos, Tlacosahua, Santa María y Santiago Tlatelolco, para que armada y con "aparato de guerra", condujesen a Huejúcar a los elegidos por el capitán y les entregasen las varas y diesen posesión de ellas y, al mismo tiempo, aprehendieran a muchos naturales rebeldes, en especial a su cabecilla, de nombre Alonso Soriano.
A consecuencia de los disturbios suscitados en Huejúcar, el virrey Revillagigedo dictaminó que los indios debían acudir a la cabecera a celebrar sus elecciones, con asistencia de su cura y su capitán protector." Esto representó un golpe para los indios de Huejúcar, ya que la costumbre en la región fronteriza era que se dejase a los indios hacer libremente sus elecciones, con la sola asistencia del cura.
El cabildo de los diferentes pueblos de indios fronterizos del siglo XVIII, tenía como base la tradición de los tlaxcaltecas que llegaron a la región durante el siglo XVI.
Ellos tomaron ambas tradiciones, la mesoamericana y la española, y lograron crear una institución diferente por medio de negociaciones y ofertas a la Corona. En el cabildo indígena de la región fronteriza, existía un gobernante que surgía de los barrios, renovable año tras año. De esta manera, se aseguraba la cohesión que proporcionaba el gobernante, pero además se promovía que los barrios tuvieran intercambio de burócratas, de esa manera, en el cabildo habría siempre personas de todos ellos.
La disposición del virrey sobre las elecciones en Huejúcar, se tradujo en la prohibición de que cierto grupo de indios de dicho pueblo tuvieran acceso a empleos honoríficos, por los graves delitos que se les imputaron." Esto provocó la formación de grupos de indios antagónicos dentro del gobierno de Colotlán, los que estaban a favor de su capitán protector, por los beneficios que esto les significaba, y los que discrepaban de la constante intromisión en sus asuntos internos y abusos por parte de las autoridades de la cabecera: Colotlán.
Por ello, la relación entre la cabecera y el resto de la región, fue un semillero de conflictos, a causa de la supeditación en que estuvieron los segundos respecto de los primeros.
En los documentos se puede percibir una intensificación de los levantamientos indígenas en el gobierno de Colotlán, a partir del auge minero que se presentó en Bolaños durante 1771, cuando Antonio Vivanco tuvo una participación muy importan-te. A él se le atribuye este nuevo despegue por las grandes inversiones que realizó para desaguar las minas que adquirió en el real minero, así como la utilización de mano de obra indígena para sus minas y haciendas.
No obstante, también debe de tomarse en cuenta la forma ilegal en que Vivanco logró hacerse de tierras fértiles de los indios, las cuales proporcionaron los víveres necesarios -—maíz, trigo y otros granos—, a los reales mineros de Vivanco y de otros españoles que constituían un importante grupo de poder, cuya influencia —como se verá en el siguiente capítulo— se extendía más allá de Bolaños y del territorio colotlense.
La ambición de Antonio Vivanco por hacerse de nuevas tierras, lo llevó a incurrir en una serie de irregularidades, en perjuicio de la población india. Todo empezó cuando Vivanco, en contubernio con el entonces capitán protector de Colotlán, Felipe del Villar, quien era su "compadre fiador e íntimo amigo", logró hacerse de una porción de tierra fértil del pueblo de Azqueltán, denominada "La Ciénega", ubicada al suroeste de Colotlán y norte de Bolaños, en el año de 1778.
Antonio Vivanco se valió de mecanismos de represión para posesionarse de "La Ciénega", utilizando a sus "baqueros para que quemasen los jacales y las chosas que en el referido paraje tenían los naturales" y así formar "rancho para mantener y agostar (la) mulada [del] dicho don Antonio..."
Pero Vivanco no fue el único beneficiario de las tierras de los de Azqueltán, ya que Del Villar vendió una parte considerable de ellas a un español que se apellidaba Miranda, vecino de Tlaltenango.
Estos hechos, ocasionaron que los indios afectados comenzaran a buscar la forma de protegerse de los abusos de su capitán protector, pues Del Villar los había amenazado con ir personalmente a su pueblo a darles un escarmiento si continuaban oponiéndose a lo realizado por él.
Ante el temor de una represalia, los de Azqueltán, teniendo conocimiento de que los indios de Mezquitic y Nóstic gozaban de cierto favoritismo por parte de Del Villar, les escribieron solicitándoles su ayuda para que el día en que fuera dicho capitán, acudieran a interceder por ellos. Pero las misivas, de alguna manera, fueron a dar a manos del capitán, quien las interpretó como una sublevación o conjuración contra su persona.
Ante tal situación, el capitán Felipe del Villar, con la intención de dar escarmiento a los rebeldes, solicitó la ayuda de Vivanco, quien le proporcionó en pocas horas pólvora, balas y un buen número de indios flecheros de los pueblos inmediatos al Real de Bolaños. Pero, además, y ante el temor de que el conflicto se extendiera, Vivanco dejó en Bolaños para su resguardo a cien hombres bien armados y montados a expensa suya.
La posibilidad de un ataque a Bolaños era factible, pues años antes sucedió que ...un grupo de indios se asercaron a las orillas de este Real... con tambores batientes, y vanderas desplegadas, y hasiendo alto en ellas, consiguieron con amenasas llevarse todos los indios que estavan empleados en los trabajos de Minas y Haciendas...
La represalia que llevó a cabo Felipe del Villar en contra del pueblo de Azqueltán, fue tal, que no sólo se limitó a apresar y azotar a los indios principales, sino que a las mujeres que ocurrían a la cárcel a ver a sus maridos, mandó les quitasen a sus hijos para repartirlos en diferentes casas de españoles. Asimismo, a las mujeres que no acudían a la casa de Del Villar a servirle "de Amas de leche, nombradas vulgarmente chichiguas", las en castigaba mandándolas poner en depósito," y las que lograban escapar corrían el riesgo de quedar muertas en la sierra, ya fuera de hambre o por el ataque de alguna fiera.
Sin embargo, antes de encarcelar a los supuestos insubordinados, y abusar de las mujeres y sus hijos, Felipe del Villar se dedicó al ..saqueo de las casas y chosas de los indios, en las que no dexo cosa alguna de valor, ni aun trastos de cosina, ni metates, y apocecionado de todos los bienes, ganados, y demas pertenecientes a los vecinos de Asqueltan, mando matar mas de cincuenta reses de las pertenecientes a dichos naturales, lo que se ejecuto prontamente y repartidas las carnes a los soldados, mando le pasasen a su casa los cevos, untos y pieles... asimismo [mandó] que hasta las gallinas que estuvieran con sus pollos las pasasen a su casa, y las demas se repartieran a los soldados...
Los anteriores acontecimientos en las fronteras, fueron denunciados por un grupo de indios caciques de la "nación" tlaxcalteca de la frontera de San Luis de Colotlán ante el virrey Bucareli, por medio del apoderado de los indios el licenciado Jacinto Alarcón,* en año de 1777. Los indios destacaron, entre otras cosas, que desde que Felipe del Villar asumió el cargo de capitán protector, "han experimentado notables opreciones, angus-tias, y cuidados, a causa del modo con que se maneja y conduce en el ejercicio de su cargo dicho Felipe...".
Del Villar, también fue acusado de abuso de poder en otros pueblos de la frontera, ya que, al igual que a los de Azqueltán, a los indios de Temastián los despojó de una parte de sus tierras nombradas la Mesa de Copete, que vendió a José de Contreras. Además, mandó tirar las mojoneras que tenían puestas como señal de dominio en sus respectivos linderos, con el pretexto de que el dinero que había obtenido de la venta era para remitirlo al rey.
Otra acusación en contra del dicho capitán, fue la haber despojado a los indios del pueblo de Santiago Tlatelolco de una labor de maíz para sembrarla el Capitán por su cuenta. La posesión de esta tierra por parte de Del Villar, vino a causar grandes perjuicios a los indios, debido a que dichas tierras se ubicaban en una parte elevada y eran las que proveían de agua al pueblo, ocasionado incluso, la suspensión de la obra de construcción de la iglesia por falta de agua.
En total, eran siete pueblos de los veintiséis que comprendían la jurisdicción de las fronteras de Colotlán, los que estaban obligados a sembrar y cosechar para el capitán Del Villar media fanega de maíz. En cuanto a los pueblos más distantes, en lugar de maíz, debían de pagar anualmente cada uno seis pesos, más ocho pesos por servicio personal.
Las denuncias de los indios afectados, tenían como finalidad no sólo la defensa de sus intereses, sino también dejar mal parado a dicho capitán ante el virrey Bucareli, por lo que denunciaron los excesos y faltas a su empleo de protector de las fronteras, pues desde el cinco de junio de 1776, en que Del Villar había tomado posesión de su empleo, estuvo en Colotlán tan sólo cinco días pues, el diez del mismo mes, se retiró a la Villa de Aguascalientes, y no volvió hasta el veintisiete de agosto para asistir a las fiestas que él mismo dispuso.
Los caciques indios señalaron al virrey que concluidas las festividades, Felipe del Villar decidió cambiar su lugar de residencia de Colotlán a Aguascalientes. Para tal efecto, dio órdenes a don José de Santiago Celis, gobernador del barrio de Tlaxcala, en Colotlán, para que...remitiese mulas con todo el avio necesario y carretas en que conducir todos sus muebles y considerable (número] de gente de servicio tanto para los fines expresados como para que trayeran cargadas en los hombros aquellas prendas del omenage de cassa que podrían maltratarse viniendo sobre las mulas o carretas...sin embargo no hubo pago de los fletes de mulas y carretas, ni menos ministro cosa alguna, aun para sus precisos alimentos a todos los individuos que se ocuparon en el destino expresado...
Además de las anteriores exigencias, Del Villar ordenó al gobernador Celis, a principios de agosto de 1776, que se juntasen cincuenta hijos de cada pueblo de la frontera: en total mil cuatrocientos hombres, con sus banderas, para que en enero del siguiente año recibieran a su mujer en las afueras de Colotlán, a quien titulaba "la señora generala".
Concluido el recibimiento de gala hecho por los indios de Colotlán, Del Villar ordenó inmediatamente que se hiciesen fiestas de toros, convocando para ello a todas las personas de los alrededores. Después, se continuó con juegos prohibidos como "Albures, Chuza: Bolichi", tanto en las Casas Reales como en la plaza pública, y que por otorgar dichas licencias, el capitán recibió cien pesos.
Así, pues, los recursos obtenidos por los festejos en Colotlán fueron a parar a los bolsillos de Del Villlar, situación que sin duda vino a ensombrecer más aún el panorama social de la cabecera. Ante la ausencia de ingresos al cabildo es posible imaginar el estado del lugar: calles sucias, puentes a punto de caerse, constantes epidemias debido a las malas condiciones sanitarias, incluso, el techo del cabildo podía tener goteras.
Las denuncias de los indios repercutieron de manera importante en el gobierno de Colotlán, ya que dieron pie para que el gobierno central pusiera atención en el desempeño de Del Villar. Lo primero que hizo el virrey fue comisionar al Alcalde Mayor de Jerez, Antonio de Jáuregui, el dieciocho de noviembre de 1777, para que realizara las pesquisas correspondientes al caso. Jáuregui dispuso que Del Villar se retirara de las fronteras hasta nueva orden, con la intención de que su presencia no influyera en los testimonios que debía recabar el comisionado.
Al retirarse Felipe del Villar de la región fronteriza, hubo la necesidad de instalar a un funcionario sustituto que quedara al frente del gobierno de Colotlán. Para tal efecto, el virrey decidió que el más apropiado sería Luis Méndez de Liébana, teniente de caballería del Presidio de Nayarit, quien quedó al frente de Colotlán, y el propio Nayarit." El nuevo capitán protector tomó partido en el conflicto en favor de los indios caciques que tenían demandado a Del Villar. Méndez de Liébana, con la intención de dar seguimiento al litigio en contra de Del Villar, se dedicó, en contubernio con sus adeptos, los indios Juan de Córdoba, Calixto Pacheco y otros, a exigir fuertes cantidades de dinero que pasaban "de seis mil pesos" a los naturales de la frontera para dar seguimiento al juicio de Del Villar, a los que no contribuían los encarcelaba y les embargaba sus bienes. Tal como lo hizo con todas las tierras del pueblo fronterizo de Ostoc, que fueron vendidas a un vecino del Real de Bolaños de nombre Antonio Pérez, por la cantidad de treinta marcos de plata.
Ante los abusos de Méndez de Liébana, el gobernador y otros indios de Santiago Acaspulco se rebelaron, incluso contra su propio párroco, el Bachiller Isidro de Espino, cuando en defensa de un indio de nombre José Apolinario, partidario de Del Villar, que se había refugiado en la iglesia del pueblo, intentaron golpearlo en la cabeza con un palo, y echarle un lazo para arrastrarlo.
El indio Apolinario, con la finalidad de escapar de sus agresores, fue a refugiarse en lo alto del altar mayor del templo. Pero de ahí fue bajado a palos, y cuando el sacerdote intentó detenerlos, haciéndoles ver ...el respeto que se debía al lugar sagrado, y venerable atención a las Divinas Imágenes, respondiéndole estas palabras: que Santos, ni que porquerillitas que aquí no mandan ellos si no nosotros....
Al enterarse los indios de una muy probable represión por parte del capitán Méndez de Liébana, por lo menos tres pueblos de la frontera (Huejúcar, Santa María y Acaspulco), quedaron casi desiertos, ya que sus moradores se dieron a la fuga.
De tal manera, la situación en la frontera se tornó complicada, ante la división de los pueblos fronterizos en dos bandos: "al uno que llaman Villaristas y Padreros y a el otro Liébanistas". La acción de estos dos bandos hizo que la autoridad virreinal pusiera más atención en el territorio. Por tal motivo, y debido a la denuncia que pusieron los indios de Acaspulco en contra de Méndez de Liébana, éste fue obligado, al igual que Del Villar, a retirarse diez leguas de distancia de las fronteras.' Por lo que, de nueva cuenta, el gobierno de Colotlán quedaría sin un representante al frente.
El comisionado Jáuregui decidió entonces instalar interinamente a Manuel José de Aguayo "persona imparcial e idónea y actual vecino para que administre justicia hasta nueva orden. Sin embargo, Aguayo no aceptó dicho empleo por considerar que los alborotos eran causados por los mal entendidos de las partes en disputa." En consecuencia, quedó al frente del gobierno el indio gobernador de Colotlán.
Sin duda, tal situación no dejó de preocupar al gobierno central, pues el hecho de haber quedado un indio al frente del territorio colotlense significaba el riesgo de entrar a un estado de anarquía que podría agravar aún más la situación en la región fronteriza, por lo que el virrey decidió nombrar como capitán protector del gobierno de Colotlán, a Antonio Vivanco en junio de 1780.67 Tal decisión -como se verá en el siguiente capitulo traería serios conflictos del ámbito militar en dicho territorio fronterizo.
El caso de Luis Méndez de Liébana dio un giro de ciento ochenta grados, debido a que murió el dieciocho de abril de 1780,68 como resultado de una larga enfermedad producida, según se dijo, por los "grabes accidentes causados del trabajo que tuvo en procurar unir y reducir a los pueblos rebeldes".
En adelante, fueron sus partidarios, los indios Córdoba, y Pacheco, quienes tuvieron que responder a las acusaciones que se les imputaban, correspondiéndole al entonces jefe absoluto de los indios flecheros de las fronteras, el coronel Antonio Vivanco. enjuiciar a los inculpados en una Junta de Guerra, por ser militares fronterizos. Los integrantes de la Junta dictaminaron que los reos fueran enviados a la Real Cárcel de La ciudad de México, para ser puestos a disposición del virrey."
En cuanto al caso de Del Villar, se puede decir que se complicó aún más a partir del descubrimiento, por parte del visitador de Hacienda, del fraude que cometió cuando era administrador del Real Estanco del Tabaco en Aguascalientes, pues "en ocacion que le tomaba cuenta el Visitador, quiso con tercios llenos de pedasos de madera, y con caxones y Botes de tierra fingir tabaco en rama". Tal situación vino a desembocar en la renuncia de dicho funcionario. No sin antes resarcir el daño que había causado a la Real Hacienda, por lo que, de los 14,000 pesos que sumaba el desfalco, 8,000 tuvo que pagarlos el propio Vivanco, pues era su fiador y protector.
Enterado el virrey Mayorga, por medio del Auditor General Domingo Valcarcer, del contenido de las diligencias practicadas en la zona fronteriza, dictaminó en 1780, sobre los casos Méndez de Liébana y Del Villar, que se librase despacho para que los principales adeptos de ambos grupos se remitieran presos a la ciudad de México, "por inobedientes, y cabezas de los movimientos de Colotlán."
Del Villar fue enviado a México, donde fue puesto preso en el cuartel de milicias; sin embargo, al poco tiempo quebrantó el arresto paseándose públicamente por las calles de la capital, concurriendo a todas las diversiones públicas."
En lo tocante al resto de los cabecillas del partido de Liébana, como ya se mencionó, fueron enviados a la ciudad de México, y las penas que se les impusieron, fueron de cuatro años de cárcel, al principal, Juan Vicencio de Córdova, al trabajo de las obras reales de Puerto Rico, y los demás al Castillo de San Juan de Ulúa. Pero por el motivo de la publicación del indulto por el nacimiento del infante español, se les perdonó el destierro y fueron destinados a la ciudad de Guadalajara. Pero con la prohibición de volver a la frontera."
Sin embargo, Juan Vicencio no cumplió con lo acordado, pues para 1783 se encontraba en una fiesta que se celebraba en una casa del pueblo de Totatiche y, cuando estaba bebiendo "una taza de vino mescal," fue arrestado, no sin oposición, por Mariano de la Concha, Comisario del Real Tribunal de la Acordada, por considerar que su presencia en la frontera era perjudicial para la paz y quietud de los naturales de ella, y de los vecinos españoles que viven en sus campos, y tienen arrendadas algunas tierras.
El reo fue trasladado de nueva cuenta a la ciudad de México y recluido en la cárcel de la Acordada, donde estuvo nueve meses y siete días "con dos pares de grillos y en una bartolina obscura", para después ser enviado, en el mes de junio de 1784, a la Real Cárcel de Corte, donde estuvo hasta noviembre de 1785. Entonces, haciendo valer por segunda ocasión el Real Indulto, Juan Vicencio fue de nueva cuenta puesto en libertad con la condición de que, si volvía a las fronteras de Colotlán, sería enviado irremediablemente al presidio de Puerto Rico.
Otra de las disposiciones que Mayorga tomó, en lo referente al gobierno de Colotlán, fue la de ordenar que a los indios del pueblo de Ostoc se les devolvieran sus tierras.
Las constantes sublevaciones en la región fronteriza y sus razones de ser, hicieron que el gobierno virreinal, en el año de 1791, iniciara la aplicación de un plan de reformas a la estructura del gobierno colotlense, entre las que se encontraba el repartimiento de tierras indígenas a españoles, con la intención de que los indios fueran más dóciles y con mejores sentimientos de religión, así como promover el florecimiento del comercio." A este respecto, Shadow señala que, en las comunidades de Huejúcar, Santiago Tlatelolco, y Santa María de los Ángeles, se dio una integración a la economía mercantil, desde 1780, y que por tal motivo, éstas comunidades indias fueron las primeras que perdieron sus tierras, su identidad y su cultura indígena.
Sin embargo, para el caso de Huejúcar, no se puede decir que haya ocurrido lo que señala Shadow, pues para el año de 1801, en la Audiencia de Guadalajara todavía se ventilaba un caso de rebelión ante la invasión de tierras indígenas por parte de Antonio José González, propietario de las haciendas El Cuidado y La Quemada.
Para el caso de los pueblos de Santa María de los Ángeles y Santiago Tlatelolco, tal y como se vio en el anterior capítulo, los indios de dichos lugares sí perdieron de forma temprana sus tierras, debido a la constante interrelación de sus habitantes con las autoridades de la cabecera del gobierno de Colotlán. En consecuencia, su integración a la economía mercantilista como empleados en las haciendas o en las minas, fue un logro de la política de los borbones, cuya finalidad era la de incrementar la producción del reino."
Conclusiones
En resumen, se puede decir que prácticamente durante todo el período de vida del gobierno de Colotlán, se dio una presión sobre la tierra, sin embargo, con el despegue de la producción minera de Bolaños, a partir de la séptima década del XVIII, y más específicamente con el inicio del ascenso del grupo de poder de Antonio Vivanco en 1776, se aprecia una intensificación de la misma, debido a que los mineros necesitaron de un mayor número de tierras cultivables y boscosas para cubrir las necesidades de sus minas.
Lo anterior, trajo como consecuencia que los ricos mineros, en confabulación con comerciantes y funcionarios de la Corona, se dieran a la tarea de despojar a los indios fronterizos de sus tierras, haciendo uso de su fuerza política, económica y militar.
En respuesta a la embestida de la élite fronteriza, los indígenas buscaron la forma de defenderse haciendo valer sus privilegios de fronterizos, los cuales, en teoría les daba todo el derecho sobre sus tierras. Sin embargo, a los mineros y sus partidarios, no les importó pisotear dichas preeminencias, por los beneficios que las tierras indias podían significar para sus minas.
El sentimiento de pertenencia y arraigo de las tierras norteñas por parte de los indígenas y los españoles, como pudo apreciarse es totalmente opuesto. En los primeros se puede percibir un sentimiento de arraigo a sus tierras independientemente de si eran o no productivas, ya que éstas formaban parte de su status de fronterizos.
En contraste, para los patricios fronterizos, la tierra era un elemento de prestigio, pero más que eso, un recurso estratégico por el cual buscaron tener abastecidas sus minas de alimentos, ganado y recursos madereros. Por lo que, una vez que las minas dejaban de ser productivas, las tierras cultivables ya no eran importantes para los mineros. En consecuencia, las vendían a otros españoles con vocación de hacendados que sí tenían interés en ellas.
Estos dos distintos modos de concebir la tenencia de la tierra, ocasionaron una serie de sublevaciones indígenas que pusieron en alerta no sólo a la élite de la frontera, sino al mismo gobierno virreinal que debió tomar cartas en el asunto, pues estaban en riesgo los intereses que la Corona tenía en esa región. Por ello, muchas de las resoluciones de la autoridad virreinal fueron a favor de los indios, siempre y cuando no afectaran la producción de plata de Bolaños, como sucedió con Vivanco cuando recibió por parte de la Corona un amparo que le permitió conservar las tierras de Azqueltán."
La situación cambió cuando el real minero de Bolaños dejó de ser rentable para la Corona española, por lo que dio inicio la aplicación de la política de los borbones en la región fronteriza, siendo uno de los objetivos principales el lograr hacer más productivo el territorio colotlense, mediante la reactivación e intensificación de la actividad agrícola y ganadera.
Para tal efecto, era necesario, entre otras cosas, que una buena parte de las tierras de los indios norteños fueran repartidas a españoles, finalidad que se logró en los pueblos más cercanos a la cabecera del gobierno colotlense, no así, en los más lejanos, donde continuaron presentes sublevaciones indígenas.
Las tierras que los hacendados españoles lograron obtener del repartimiento que realizó la Corona en tiempo de los borbones, y que emplearon para la cría de ganado y la agricultura, así como las propiedades que los indígenas lograron de alguna manera conservar, son sin duda la raíz de la organización territorial de la región norte de Jalisco, así como de los conflictos que sobre tierras aún hoy día están presentes entre huicholes y mestizos.
